El estudio de las poblaciones humanas de manera dinámica se ha convertido en una herramienta útil al servicio de las políticas poblacionales y sociales de numerosos países en áreas como los sistemas de seguridad social y empleo económico.
Así, los gobiernos hacen uso de la demografía para determinar el crecimiento del país y la influencia de la oferta de los servicios públicos para su población. Cuando hablamos de población de hecho, en concreto, nos referimos al número de personas presentes y de las transeúntes, es decir, de aquellas que, aun no estando empadronadas en el lugar donde se efectúa la operación censal, se encuentran en este lugar en el momento de ser realizada.
El estado del bienestar se puede definir como el conjunto de políticas consistentes en la implantación, con carácter universal, de servicios públicos y sociales que no son rentables económicamente para el sector privado. Estos servicios tienen como finalidad maximizar el beneficio social, garantizar unas condiciones de vida adecuadas a la población (enseñanza, sanidad…) y evitar que las personas queden desamparadas en determinadas circunstancias de carácter problemático (jubilación, enfermedad, incapacidad…). El estado garantiza el acceso más o menos universal a estos servicios. Suele financiarse a través de los impuestos para contribuir a una verdadera redistribución de la riqueza.
Generalmente se pueden distinguir diversos tipos de prestaciones:
• Las prestaciones universales, que se ofrecen a toda la población gratuitamente, y solo requieren que la persona beneficiaria las solicite. Por ejemplo, la sanidad o la enseñanza obligatoria.
